Ronald Nostas Ardaya
Estos factores, en un contexto de desaceleración del crecimiento, han llevado a resultados claramente contrarios al interés de los trabajadores: el desempleo urbano ha subido (3,5% en 2014 a 4,9% en 2016), con una alta incidencia en mujeres (6,5%) y jóvenes (9,1%). Por su parte, la informalidad en el empleo ha llegado a casi 61% de la población ocupada en 2016 (Encuesta de hogares 2016), dato que muestra cómo la subida de costos y la rigidez en la norma contrajeron el empleo formal protegido y subieron aquel que no ofrece ningún beneficio al trabajador.
Entre 2007 y 2017, la subida acelerada en los salarios significó un incremento de 300% en el mínimo y 90% en el haber básico, lo que no se tradujo en mejores condiciones para los trabajadores, inclusive para los beneficiarios de esta norma, que en los hechos son menos del 40% de la población ocupada formal.
El año pasado, en el acuerdo sobre incremento salarial suscrito con la COB, el propio Gobierno advertía que “deja salvada su responsabilidad en el caso de presentarse efectos negativos sobre el empleo”.
Lamentablemente, y según los datos expuestos, la preocupación del Gobierno respecto a las consecuencias que tuvo este incremento, terminó por cumplirse.
La subida desproporcionada de los salarios, en particular el mínimo nacional (10,8%), afectó a las pyme que emplean a mayor cantidad de personas con ese nivel de remuneración. Desde la perspectiva de los trabajadores, los menos calificados y vulnerables son los que acceden a empleo con salario mínimo y es este tipo de empleo el que más rápido se ha destruido, con el incremento desmesurado del año pasado. En suma, los afectados son los desempleados, los jóvenes, las mujeres y los pequeños y medianos empresarios, especialmente fuera del eje central del país.
Los resultados muestran mayor desempleo y más informalidad. Considerando la totalidad de la Población Ocupada, una mayor proporción gana menos que el salario mínimo (13,9% en 2015 y 16,9% en 2016), por efecto de la informalización. Considerando el promedio por hora trabajada, el porcentaje de personas con ingreso menor al Mínimo es superior (26,9% en 2015 y 29,9% en 2016). Esto muestra otra dimensión de la precarización del empleo que es el trabajo a tiempo parcial, que emerge con fuerza en lo informal.
Pero el problema no se limita al ámbito privado, sino se manifiesta también en el ámbito estatal. Según datos oficiales del INE sobre el Índice de Empleo del Sector Público, el empleo estatal disminuyó en los últimos años, y ello se explica especialmente por la disminución de los ingresos del IDH a los gobiernos sub nacionales. Lo llamativo de esto es que tales cifras muestran, también, un incremento en la categoría de Trabajadores Eventuales en 23,2%. La conclusión es que, bajó el empleo estatal en varias categorías, pero además se precarizó el remanente.
La lección es clara: no se puede discutir el tema salarial al margen de los objetivos del bien mayor: el empleo decente, disminuido por las alzas desmedidas del salario.
El sector empresarial ha sido muy activo y ha acompañado iniciativas como el Plan de Empleo, lanzado por el Gobierno, pero es claro que, seguir la misma receta de subir salarios al margen de la lógica económica, hará que todo este esfuerzo sea inútil. Mientras se crea un empleo decente con esfuerzo publico privado, la política salarial seguirá destruyendo más empleos, como ha sucedido hasta ahora.
El autor es presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.