Empresarios piden suspender tratamiento de proyecto de ley contra ganancias ilícitas y abrir espacio de diálogo

(L.P. / 01.10.2021) La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a través de un comunicado institucional, demandó hoy la suspensión del tratamiento del Proyecto de Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, y la apertura de un espacio de diálogo entre los actores involucrados, “a fin de adecuar esta norma a la supremacía de la Constitución Política del Estado”.

La entidad que aglutina a las Cámaras, Asociaciones y Federaciones empresariales de todo el país, alertó sobre serias falencias e impactos de esta Ley para el desarrollo de la actividad productiva y la vida ciudadana, y consideró que la norma “contiene artículos que afectan derechos y garantías constitucionales y, debido a la ambigüedad e imprecisiones de su redacción, pone en indefensión a los ciudadanos, empresarios y emprendedores, que han obtenido sus bienes, invertido y creado riqueza, con honestidad, trabajo duro y apegados a la legalidad”.

El pasado 17 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley Nº 218/2021 promovido por el Órgano Ejecutivo; según el ministro de Economía la mencionada norma se encuentra enmarcada en varios convenios internacionales.

Al respecto la CEPB considera que la adecuación normativa a acuerdos y tratados internacionales para combatir el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, “no puede justificar el menoscabo a derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la privacidad, el secreto profesional, la libertad de prensa, la protección de datos personales y el derecho que tiene todo boliviano a dedicarse a una actividad lícita sin ser sometido a escrutinios arbitrarios, con el temor de ser acusado, procesado y perseguido por simple sospecha, encono personal o mala fe”.

A partir de la aprobación del Proyecto en la Cámara de Diputados, varios sectores de la sociedad como las asociaciones de prensa, gremiales, médicos, maestros, empresarios e iglesias han expresado públicamente su desacuerdo con algunos aspectos del su contenido.

Sobre este tema, los empresarios señalan en su comunicado que la posición crítica de organizaciones de la sociedad y de reconocidos juristas contra este proyecto de Ley, “evidencian la seriedad y gravedad de este tema e imponen al gobierno la necesidad de abrir espacios de diálogo” y reflexiona que “las normas que se construyen en base al consenso, derivado de un diálogo honesto y transparente, adquieren mayor legitimidad y redundan en beneficio de la ciudadanía.

La CEPB remitió el pasado 28 de septiembre, notas formales al vicepresidente del Estado, al Presidente de Diputados y al Ministro de Justicia, en los que se detallaba las observaciones puntuales de la CEPB a la norma. En las mismas cartas pedían a los destinatarios una reunión “para transmitirle directamente las observaciones que tenemos sobre esta regulación y que inquietan al sector productivo en el país”.