La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) manifiesta su profunda preocupación por la decisión gubernamental de ampliar una vez más los plazos para pagar los créditos bancarios diferidos, debido a que esa determinación motivada por la presión de un sector, produce el corte del flujo de recursos y debilita la moral de pago construida en décadas, poniendo en riesgo la estabilidad de todo el sistema financiero.
Debemos recordar que el sistema financiero, en su rol de intermediación, equilibra los intereses de los prestatarios y de los ahorristas que confían en que sus recursos serán colocados y recuperados con seguridad, de modo que estén disponibles para ser retirados cuando así lo decidan. Si la recuperación de cartera e intereses es cortada, como ha venido sucediendo durante los pasados 10 meses y ahora se amplía a 16, las entidades financieras afrontarán dificultades para otorgar nuevos préstamos y, eventualmente, tendrán problemas para realizar sus operaciones, lo que a su vez puede atrasar aún más la recuperación económica que el país requiere para salir de la crisis que hoy enfrentamos.
Decisiones como las tomadas por el Gobierno en este tema, pueden derivar en el debilitamiento de la institucionalidad económica y la afectación de la confianza del público. Asimismo, la señal que envían las autoridades, que cedieron en una exigencia que inicialmente habían rechazado por los riesgos que conlleva, es que la presión genera resultados, de modo que este desenlace tiene el potencial de extenderse a otros sectores, afectando seriamente los balances de la intermediación financiera.
En tal sentido, como institución representativa del sector productivo e integrante de la sociedad civil, demandamos del Gobierno Nacional justicia, equilibrio y responsabilidad en la distribución de las cargas y consecuencias de esta pandemia. Como empresarios, entendemos la situación crítica de todos los sectores, pero también sabemos que la búsqueda de soluciones debe ser un factor de unidad y no de división ni de medidas desequilibradas que por favorecer a unos perjudica a otros.
Finalmente expresamos nuestro apoyo y solidaridad institucional con la posición expresada por las entidades que forman parte del sector financiero privado y reiteramos nuestra disposición a apoyar cualquier medida, en el ámbito de nuestras competencias, para buscar conjuntamente una solución que logre paliar el efecto que puede tener este diferimiento sobre las empresas del área.
La Paz, 14 de enero de 2021.