Ante la difícil situación que vive nuestro país, afectado por una crisis económica creciente, tensiones políticas no resueltas y medidas de presión protagonizadas por algunos grupos sociales, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, como máxima instancia de representación del sector empresarial, expresa públicamente lo siguiente:
- Por más de 18 días hemos soportado los efectos de bloqueos radicales y violentos en el país y particularmente en el departamento de Cochabamba, que están socavando la estabilidad de varios sectores económicos; generando enormes pérdidas; dañando la producción, el comercio, las exportaciones y el transporte; dificultando la provisión de bienes y servicios que necesita la población, y vulnerando el artículo 21, inciso 7 de la Constitución Política del Estado.
- Los perjuicios de este bloqueo son devastadores. El impedimento del transporte ocasiona la escasez de alimentos y el aumento de precios en los mercados, y afecta la distribución de combustibles, medicamentos, repuestos y todo tipo de mercaderías. Además golpea directamente a las empresas grandes, medianas, pequeñas y microempresa, así como a los emprendimientos laborales, pero sobre todo a la población que sufre las consecuencias de conflictos ajenos a su interés.
- La causa de este despropósito es la confrontación política que no parece tener límites, y está ocasionando daños irreparables a la economía, propicia la vulneración de los derechos de toda la población, activa la polarización social, profundiza el debilitamiento extremo de las instituciones, conduciéndonos al borde de un escenario de enfrentamiento y conflictividad generalizada.
- Pese a los efectos destructivos e insostenibles del bloqueo, y a los reclamos y demandas de la ciudadanía y de las organizaciones empresariales, es evidente la falta de voluntad de las partes en conflicto para encontrar soluciones que terminen con esta situación absolutamente irracional y destructiva.
- Frente a este escenario, demandamos a la dirigencia del Movimiento Al Socialismo, a los líderes de la oposición, a las autoridades del gobierno nacional, a los dirigentes de organizaciones sociales y a los actores políticos en general, cuya primera y principal responsabilidad es para con la ciudadanía, que asuman sus deberes y responsabilidades con sensatez y amplio sentido de patria, sometiendo sus intereses y objetivos a las necesidades y urgencias de la población.
- Las diferencias políticas o ideológicas deben resolverse en el ámbito del debate parlamentario, el sistema judicial y la institucionalidad democrática y no en el bloqueo, el conflicto, las amenazas, y la confrontación fratricida. Los intereses, visiones o reivindicaciones de un grupo no pueden conculcar las garantías de todos, y sus discordias no pueden vulnerar los derechos de quienes quieren trabajar, producir y progresar.
- Sostenemos que, en estos momentos, Bolivia necesita retomar la paz, la estabilidad y la obediencia a la Ley. No podemos seguir destruyendo la economía, cuando nos enfrentamos a una crisis que está dañando a toda la población, especialmente la más vulnerable. Los riesgos del aumento de la pobreza, la debacle del aparato productivo, el cierre masivo de empresas, la crisis energética, los desastres climáticos y la inflación incontrolable no se pueden enfrentar ni prevenir si los líderes continúan optando preferentemente por la lucha por el poder y la división del país.
- Como ciudadanos, exigimos al gobierno que cumpla y haga cumplir la Ley, y a los sectores en conflicto, que cesen el bloqueo, viabilicen el retorno a la normalidad, respeten el derecho de los bolivianos a la libre circulación en todo el territorio nacional y solucionen sus problemas internos en el marco de la racionalidad, la responsabilidad y el diálogo.
La Paz, 31 de octubre de 2024.