En el marco de una política salarial no concertada, por tercer año consecutivo, por mandato del Decreto Supremo No. 1802 de 20 de noviembre de 2013, el sector privado boliviano, es llamado a pagar un segundo aguinaldo denominado “Esfuerzo por Bolivia”, pese a que se ha demostrado de manera objetiva que, existen y han existido sectores y regiones que, no han crecido por encima del 4,5% del PIB nacional.
La decisión de imponer el pago del Segundo Aguinaldo – Esfuerzo por Bolivia, debe necesariamente revisarse, porque está basada en una metodología que, no es equitativa y no refleja de manera adecuada el desempeño y productividad, de todos y cada uno de los sectores de la actividad económica.
Más aún, esta medida, se ha impuesto a regiones azotadas por fenómenos naturales que han generado importantes pérdidas, no sólo al sector productivo, sino también al conjunto de sus habitantes (Beni y Pando) y, en la coyuntura actual, se impone dicha obligación en departamentos que han tenido restricciones para su desarrollo, por diferentes motivos, como es el caso de Potosí, Oruro, Tarija y Chuquisaca.
Como sector empresarial, siempre hemos cumplido la normativa vigente, realizando nuestros mayores esfuerzos. Pero es deber nuestro también alertar a las autoridades cuando dicha normativa, sin considerar la realidad económica de los actores, pone en riesgo la estabilidad y sostenibilidad de las empresas.
Es por esta razón que estamos solicitando, de forma urgente, al Presidente Evo Morales, la convocatoria a un espacio de diálogo, a fin de buscar soluciones integrales que fomenten el crecimiento, competitividad, sostenibilidad de las empresas y las fuentes de trabajo digno de las bolivianas y los bolivianos.