(LP/17/10/2018) La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) resolvió esta tarde, asistir al diálogo convocado por el gobierno sobre el doble aguinaldo, pero al mismo tiempo solicitó al presidente y vicepresidente del Estado la anulación de la medida, en atención, según señalaron, a los graves riesgos que se está generando sobre la economía de las personas más vulnerables.
“Pedimos al presidente Evo Morales y al Vicepresidente García Linera que como máximas autoridades del Estado, asuman la responsabilidad de hacer un análisis minucioso del mal que se está causando con esta medida, y que consideren su ajuste o incluso su anulación en atención a los graves riesgos que se está generando sobre la economía de las personas más vulnerables”, señala el comunicado.
La CEPB reunió de emergencia la tarde de hoy al Consejo Directivo que aglutina a las 36 entidades de la entidad para realizar un análisis de los efectos y consecuencias de la decisión del gobierno de pagar el doble aguinaldo en la presente gestión. El evento fue encabezado por Ronald Nostas, presidente de la entidad.
Mediante comunicado público, la CEPB ratificó su rechazo al segundo aguinaldo, al que consideran “una imposición injusta, distorsiva y política, cuya aplicación anual se basa en un índice inadecuado de crecimiento interanual y que ignora las profundas diferencias de crecimiento entre departamentos, sectores y empresas”.
Los privados además lamentan que, pese a las advertencias de todos los sectores y federaciones departamentales, a la evidencia de la crítica situación económica de las mypes y a la inconsistencia de las cifras que sustentan el crecimiento, “el gobierno decidió priorizar el cumplimiento del acuerdo con la COB, poniendo en peligro la estabilidad y sostenibilidad de una gran parte del sector privado boliviano”, afirman.
Asimismo, consideran que el pago del segundo aguinaldo, en circunstancias como las actuales de desaceleración económica, elevados déficit fiscal y comercial, disminución de las reservas internacionales, escasa inversión extranjera; además de altos niveles de informalidad y contrabando, “constituye una severa amenaza a la estabilidad, sostenibilidad y crecimiento de una gran parte del sector privado y por lo tanto del empleo digno y la inversión”.