(LP, 21/05/2018) La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), adelantó que durante la realización del Congreso de Empresarios y Emprendedores, a realizarse el martes 29 de mayo en Santa Cruz, se analizará el rol del sector privado en la actual coyuntura económica y social, a partir de una evaluación de los resultados de proceso de diálogo sostenido con las diversas instancias del gobierno en los últimos dos años, y de la identificación de los principales problemas que aquejan al empresariado boliviano a nivel nacional, sectorial y departamental, que se habrían profundizado en el último tiempo.
“El encuentro servirá para realizar un análisis profundo de lo avanzado hasta hoy, no solamente en términos de resultados específicos sino de las medidas que se han tomado recientemente, que muestran una tendencia recurrente a afectar el crecimiento y desarrollo del sector privado, y por ende a la creación y sostenimiento de empleo digno y la formalización de la economía”, señala la entidad.
El Congreso empresarial fue convocado el 2 de mayo pasado, tras las últimas medidas gubernamentales referidas al aumento salarial, creación de empresas sociales y el anuncio anticipado del doble aguinaldo. En esa oportunidad, la CEPB anunció la decisión de “Convocar a un Congreso Empresarial Nacional del sector privado, a objeto de que, con base en un análisis de las políticas públicas encaminadas, se defina el futuro del relacionamiento con el Gobierno Nacional”.
Ley de Empresas sociales
En relación a la Ley de Empresas Sociales, los organizadores del evento explicaron que será un tema importante en la plenaria, porque ha generado la preocupación general del sector. “Se ha previsto la distribución de un documento, con el detalle de las observaciones específicas y generales a la norma, de modo que se pueda asumir una posición conjunta de respaldo a la acción abstracta de inconstitucionalidad, que podría ser entregada al Tribunal Constitucional la segunda quincena de junio”, afirmaron.
Según el criterio inicial de la CEPB, esta ley aprobada el 1° de Mayo pasado “amenaza no solo la propiedad privada, sino que desvirtúa los principios constitucionales que garantizan la libertad de empresa, discrimina y pone en indefensión a los emprendimientos privados y genera un peligroso escenario de desconfianza y tensiones entre los trabajadores y los empresarios de las industrias que actualmente atraviesan por problemas económicos”.
Una de las preocupaciones de la entidad respecto a la Ley, tiene que ver con el procedimiento para la cuantificación de las acreencias laborales, aspecto que, no se halla incorporado en la norma. “El procedimiento descrito en el Artículo 7, no garantiza el ejercicio del derecho de defensa por parte del empleador, impidiéndole la generación irrestricta de prueba. Esta circunstancia es especialmente importante, si se tiene en cuenta que dichas acreencias tendrán la calidad de líquidas y exigibles y servirán para determinar la participación de los trabajadores en el capital social de la empresa”, señala el documento de análisis de la norma.