La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia expresa su alarma y profunda preocupación ante un nuevo atentado contra la industria nacional, concretado esta vez en la decisión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de aplicar un incremento al precio del gas natural, que precisan muchas de las industrias bolivianas para su funcionamiento.
Esta decisión inconsulta, se suma a una serie de medidas irracionales en los ámbitos laborales, impositivos y de sobre-fiscalización, que se están imponiendo desde diversas instancias del gobierno, y que ponen en riesgo la viabilidad económica de las pocas industrias que aun contribuyen al desarrollo del país.
La situación es más grave aún, en momentos en que la economía boliviana se encuentra en un proceso de desaceleración, y ante la preocupante evidencia que el gobierno no ha desarrollado políticas efectivas para erradicar el contrabando, crear condiciones mínimas para atraer inversiones y sobre todo proteger la producción nacional.
El hecho que el incremento se aplique sobre los precios del gas natural, un recurso del que somos importantes productores y exportadores, resulta en una lamentable contradicción toda vez que, nuestro propio Estado ha determinado que este bien se destine prioritariamente al mercado interno, del que el sector industrial es uno de los principales consumidores.
Desconocemos los motivos que impulsan el interés de algunas autoridades por afectar a la industria boliviana, sin embargo estamos ciertos que las consecuencias de ésta y otras medidas similares emitidas en el pasado inmediato, serán la contracción del empleo, el incremento de la informalidad y el aumento del contrabando.
Reafirmamos que es imperativo que el gobierno comprenda que la economía es un sistema cuyas partes están fuertemente vinculadas entre sí, y que cualquier medida que afecta uno de sus componentes, ha de alcanzar a otros factores que irremediablemente llegarán a perjudicar a los ciudadanos, no por voluntad de los empresarios industriales, sino como resultado de las propias decisiones gubernamentales.
Demandamos a las autoridades, la racionalidad y la responsabilidad necesarias para detener esta presión insostenible que el gobierno ejerce sobre los sectores productivos, y que nos puede arrastrar a procesos de descomposición e inestabilidad que ya se perciben en la falta de inversión, el déficit comercial y el incremento del desempleo.
Finalmente, como Confederación de Empresarios Privados, anunciamos que vamos a llevar adelante todas las gestiones que sean necesarias para que esta medida sea revertida, pero sobre todo para que se detengan estas decisiones políticas que atentan contra la economía del país, de las empresas y de todos los ciudadanos.