(CEPB_22/07/2017) El Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Ronald Nostas, informó hoy, que ha solicitado a la Cámara de Diputados, el Proyecto de Ley del Código del Sistema Penal, con el fin de analizarlo y emitir un criterio sobre aquellos temas que puedan afectar al sector privado. “En el ámbito de los temas acordados con el Presidente, Evo Morales y el Vicepresidente, Álvaro García el pasado 10 de junio, hemos pedido que se nos remita oficialmente el proyecto para que nuestro equipo de asesores jurídicos realice un análisis minucioso, que permita aportar a su contenido, en aquellos temas que nos competen”, afirmó Nostas.
Respecto a las declaraciones del Diputado Víctor Borda, quien señaló que el Proyecto de Ley incluye sanciones penales a las personas jurídicas, en 49 delitos, el dirigente nacional de los privados, afirmó que se esperará a tener la versión oficial para emitir un criterio, aunque adelantó que, desde la interpretación de la CEPB, cuando se cometen delitos en los que se vean involucradas las empresas, corresponde sancionar sólo a las personas que decidieron, ejecutaron o permitieron tales acciones, si forman parte o actúan por cuenta de la entidad.
“No habría ninguna razón que justifique la inclusión de las empresas como sujetos de persecución y sanción penal, y menos la aplicación de sanciones más allá de las pecuniarias en el fuero administrativo, civil o comercial; y de ser esa la tendencia del nuevo Código, el sector empresarial se opondría radicalmente, en base a argumentos jurídicos que nos rigen y protegen, en el ámbito nacional e internacional”, señaló el Presidente de la CEPB, aunque reiteró que antes de emitir una posición definitiva, es necesario conocer en profundidad el contenido de la propuesta de norma.
Recordó que actualmente, las empresas están reguladas por normas como la Ley tributaria, laboral, de defensa del consumidor, de medio ambiente, de transparencia, y otras, además de los Códigos Civil y de Comercio. “Cuando se vulneran estas normas, las empresas son sometidas a diferentes procesos para determinar su responsabilidad e imponerles penas pecuniarias, es decir una sanción patrimonial, con el propósito de que se asuman las consecuencias del hecho ilícito, a través del resarcimiento al daño ocasionado”, explicó.
Aclaró además que una empresa es un conjunto, muchas veces de cientos de trabajadores, socios, gerentes y administradores, y una sanción penal afectaría a todos, aunque la mayoría no tengan ninguna relación con las decisiones de quienes cometieron el delito, lo que en sí mismo ya implicaría una grave vulneración de los derechos esenciales.
Finalmente señaló que la coordinación y el aporte del sector privado en la construcción de los “Códigos Morales” que se trabajarán en la Asamblea Legislativa, en las áreas que le competen, es uno de los pedidos que la CEPB hizo al Presidente y al Vicepresidente en la reunión del 10 de junio pasado. “El Presidente expresó públicamente su acuerdo en este pedido y de ahí que hemos tenido una primera reunión con el Ministro Héctor Arce y estamos estructurando comisiones especializadas para aportar en el objetivo de construir un marco legal adecuado a la Constitución y la nueva realidad boliviana”, concluyó.